La falta de atención médica especializada y la omisión de señales de alarma durante más de un año contribuyeron a la muerte de Alfredo Díaz en una prisión venezolana. Según el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, el exgobernador de Nueva Esparta falleció el 6 de diciembre de 2025 tras sufrir un infarto agudo de miocardio en el Hospital Universitario de Caracas.
Lo que debe saber
- La ONU atribuye la muerte de Alfredo Díaz a la falta de atención médica especializada en El Helicoide.
- Díaz presentaba antecedentes de convulsiones y ansiedad que no fueron tratados durante su detención.
- El informe de la Misión de Determinación de los Hechos busca documentar crímenes para evitar la impunidad.
Negligencia en el centro de detención
El documento de la ONU detalla que Díaz, quien fue arrestado el 24 de noviembre de 2024 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), presentaba antecedentes médicos graves antes de su detención. Entre sus condiciones se encontraban convulsiones, cuadros de ansiedad con rasgos paranoides y depresión, para los cuales tenía indicaciones de tratamiento farmacológico y valoraciones neurológicas que no pudo cumplir debido a la persecución política.
Testigos que compartieron celda con el opositor informaron que Díaz sufrió al menos dos episodios graves de dolor intenso, rigidez muscular y desorientación mientras estaba recluido en El Helicoide. En octubre de 2025, el personal médico del centro diagnosticó estos síntomas como una simple “indigestión” o “problema del estómago”, sin remitirlo a un especialista a pesar de los reclamos reiterados de su familia y compañeros.
El informe de la Misión aclara que, aunque no se afirma que hubo una orden directa para dejarlo morir, la privación arbitraria de la vida se atribuye al Estado por la falta sostenida de atención médica. La entidad sostiene que quien mantiene a una persona bajo custodia tiene la obligación legal de proteger su salud, responsabilidad que fue incumplida en este caso.
Contexto de represión y justicia internacional
La investigación de la ONU se basa en 213 entrevistas confidenciales con víctimas y testigos, además de datos forenses y documentos judiciales. El informe revela que, según la fuente, luego de la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, el núcleo de la arquitectura de la represión estatal sigue intacta con funcionarios de alto rango en posiciones de mando.
La documentación recopilada por la Misión busca combatir la impunidad, asegurar que se asuman las responsabilidades debidas y lograr justicia para las víctimas. Según el informe, estos expedientes ya han tenido efectos prácticos fuera de Venezuela; en junio de 2026, un tribunal federal argentino solicitó la extradición de un exmilitar venezolano vinculado a la represión de 2014, aplicando el principio de jurisdicción universal.
Versiones oficiales y reacciones
El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó el deceso y aseguró que Díaz fue auxiliado por sus compañeros y atendido por un emergenciólogo y un paramédico de guardia. La entidad sostuvo que el detenido estaba siendo procesado con garantías de derechos humanos y respeto al ordenamiento jurídico.
Por su parte, la familia de Díaz denunció que no pudieron mantener una comunicación constante con él desde su arresto. Alejandra Díaz, hija del político, afirmó que su padre falleció por un infarto y señaló que no recibió atención oportuna. La muerte de Díaz fue calificada por María Corina Machado y el presidente electo, Edmundo González, como parte de una cadena de fallecimientos de presos políticos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio.
El informe de la ONU también documentó la muerte del detenido Edison José Torres Fernández, policía con 24 años de servicio detenido por criticar al Gobierno, cuyo cuerpo presentaba lesiones no incluidas en su certificado de defunción oficial.
