El expresidente Gustavo Petro enfrenta una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia tras denuncias de un presunto escándalo sexual ocurrido durante su mandato y su etapa como congresista. Una joven contratista de 26 años sostiene que recibió cinco contratos a cambio de favores sexuales para el mandatario, alegando además la existencia de una red de más de 40 mujeres involucradas en prácticas similares.
Lo que debe saber
- La Corte Suprema de Justicia investiga presuntos contratos a cambio de favores sexuales.
- La denunciante alega la existencia de una red de más de 40 mujeres involucradas.
- Se ordenó un peritaje forense al celular de la denunciante y una inspección en el Senado.
La denunciante, identificada como Deicy Jiménez, aportó como evidencia videos íntimos y conversaciones por chat que presuntamente demuestran su relación con el expresidente. Según la denunciante, estos hechos no serían casos aislados, sino que formarían parte de una estructura ligada a Petro. La Fiscalía General de la Nación ya indaga sobre las pruebas presentadas, mientras que la Procuraduría inició acciones para establecer posibles irregularidades en la contratación con dineros públicos.
Coordinación entre autoridades y rutas jurídicas
El magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó que las autoridades deben diferenciar los hechos ocurridos cuando Petro fue congresista de aquellos que sucedieron durante su presidencia. Esta distinción es clave para definir la competencia de los organismos, ya que la Sala Especial de Instrucción tendría a cargo, por ejemplo, los asuntos relacionados con su etapa en el Congreso.
Por su parte, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes intervendrá en los hechos que podrían estar vinculados con el ejercicio de la Presidencia. El magistrado Lenis señaló que existe un trabajo armónico entre la Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión para establecer qué denuncias tienen relevancia penal y determinar las responsabilidades correspondientes.
En el marco de la investigación, la Sala Especial de Instrucción ordenó la entrega inmediata del teléfono celular de Deicy Jiménez para un peritaje forense en los laboratorios de criminalística de la Fiscalía. Asimismo, se solicitó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado de la República para recopilar expedientes laborales, minutas de contratación y certificaciones de pago vinculadas con la denunciante.
Versiones de los implicados
Gustavo Petro rechazó los señalamientos de corrupción y aseguró en la red social X que nunca utilizó un contrato del Estado para obtener favores de nadie. El expresidente afirmó que las denuncias forman parte de un plan orquestado por sus detractores políticos. Según informó RFI, Petro fue congresista en cinco periodos entre los años 1991 y 2022.
Por otro lado, la excongresista María José Pizarro emitió un comunicado donde confirmó que Jiménez trabajó en la Vicepresidencia del Senado entre 2023 y 2024, pero negó que estuviera vinculada a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Pizarro aseguró que su labor en el Congreso no presentó irregularidades y que jamás tuvo conocimiento de la supuesta relación íntima entre la contratista y el expresidente. El exmagistrado Jaime Arrubla Paucar analizó, según reportó Infobae, que la competencia del Congreso o de la justicia penal depende de si las conductas tienen vínculo con el ejercicio de la Presidencia.
Arrubla explicó que, si bien los asuntos personales pertenecen a la esfera privada, pueden adquirir relevancia institucional si comprometen decisiones públicas o recursos del Estado, lo que podría dar lugar a investigaciones por delitos contra la administración pública. La investigación se mantiene bajo reserva y el despacho responsable comunicará nuevos avances cuando lo considere pertinente. El testimonio de Deicy Jiménez ante la Fiscalía permanece suspendido provisionalmente.
