Programas de salud y educación en Bogotá podrían enfrentar afectaciones significativas debido a recortes en sus recursos asignados para la vigencia 2026. Durante un debate de control político en la Comisión de Hacienda, los concejales alertaron que las restricciones presupuestales adoptadas por la Administración Distrital limitan la capacidad de ejecución de proyectos de inversión y el mantenimiento de infraestructura.
Lo que debe saber
- Recortes de cerca a $50.000 millones en salud y educación por bajo recaudo tributario.
- El Distrito aplicó un control preventivo de apropiaciones por $301.838 millones para equilibrar las finanzas.
- Se liberaron $26.039 millones para entidades como el IDRD, IPES y la Secretaría de Gobierno.
La preocupación de los cabildantes se centra en la Circular 0003 de la Secretaría de Hacienda, documento que estableció limitaciones para el funcionamiento e inversión de las entidades distritales. Según explicaron los representantes del Concejo, estas medidas responden a un recaudo inferior al previsto para 2026, lo que dificulta la contratación de bienes y servicios, la adquisición de tecnología y el cumplimiento de metas institucionales.
Riesgo para la inversión social
Los concejales manifestaron inquietud por restricciones que alcanzan cerca de los $50.000 millones en los sectores de educación y salud. De acuerdo con los cabildantes, esta falta de fondos podría comprometer programas de cobertura educativa, la dotación de colegios públicos y la modernización de la infraestructura hospitalaria. Estos recortes, advirtieron, impactarían directamente las condiciones de vida de la población más vulnerable de la ciudad.
Ante este escenario, los representantes del Concejo solicitaron que, para la formulación del presupuesto de 2027, se prioricen las necesidades sociales de la capital. También instaron a la administración a fortalecer el cobro de cartera morosa antes de implementar nuevas restricciones, con el fin de proteger proyectos dirigidos a comunidades étnicas, mujeres, niños, personas mayores y programas de alimentación.
Justificación de la Administración Distrital
En respuesta a las críticas, la Administración Distrital explicó que las medidas de control obedecen a las diferencias entre los ingresos proyectados y los recursos efectivamente disponibles. Según informó la entidad, para el año 2026 se habían presupuestado $1.002.871 millones en recursos de libre destinación, mientras que al cierre fiscal de 2025 se determinó una disponibilidad real de $753.586 millones.
La entidad detalló que el recaudo del impuesto de Industria y Comercio durante 2025 fue de $7.259.613 millones, cifra inferior a la proyección de $7.569.714 millones. A esta situación se sumaron reducciones en los dividendos de empresas públicas: $86.600 millones del Grupo Energía Bogotá (GEB) y $50.000 millones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Para preservar el equilibrio financiero, el Distrito implementó un control preventivo parcial de apropiaciones por $301.838 millones. No obstante, la administración destacó que aplicó medidas de austeridad y racionalización del gasto que permitieron ahorrar $48.000 millones durante 2025, y estableció una meta de ahorro del 5 % en inversión asociada al fortalecimiento institucional para la vigencia 2026.
Liberación de recursos y próximos pasos
La Administración informó que, desde la expedición de la circular hasta el 15 de octubre de 2026, se habilitaron fondos para diversas entidades. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recibió $5.000 millones, el Instituto para la Economía Social (IPES) obtuvo $1.788 millones y la Secretaría Distrital de Gobierno recibió $1.862 millones.
Además, se reportó el descongelamiento de aproximadamente $530 millones para la Dirección de Asuntos Étnicos. En total, las liberaciones realizadas a estas y otras entidades distritales alcanzaron los $26.039 millones con corte al 24 de octubre del año en curso.
Por su parte, el concejal Oscar Bastidas solicitó un informe detallado sobre el proceso de liberación de estos recursos y la realización de mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda para definir una ruta de alivios tributarios dirigida al pueblo Muisca.
