El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, asumió este jueves la responsabilidad política por el incendio del complejo de apartamentos Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, que dejó 168 muertos en noviembre de 2025. El mandatario pidió disculpas públicas y anunció la dimisión de la secretaria de Vivienda, Winnie Ho, tras la entrega del informe definitivo de un comité independiente que investigó la tragedia.
Lo que debe saber
- John Lee asumió la responsabilidad política y anunció la dimisión de la secretaria de Vivienda.
- El informe técnico atribuyó la tragedia a fallos sistémicos y falta de fiscalización estructural.
- Se implementarán robots con cámaras térmicas y nuevas leyes contra el amaño de licitaciones.
El anuncio se realizó tras la entrega del documento por parte del comité, el cual incluye 120 propuestas para mejorar la seguridad y combatir prácticas fraudulentas en las licitaciones de mantenimiento de edificios, según informó el medio Hong Kong Free Press (HKFP).
La cartera de Vivienda quedará en manos de forma provisional de Michael Wong, subsecretario de Finanzas y responsable del grupo de trabajo encargado de coordinar el reasentamiento a largo plazo de los supervivientes del complejo de viviendas subvencionadas.
Fallos sistémicos y negligencias técnicas
De acuerdo con el informe, el desastre fue producto de fallos sistémicos, vacíos regulatorios y una falta de previsión generalizada. El documento señala directamente a la Unidad de Verificación, dependiente de la secretaría de Vivienda, como la principal responsable por no fiscalizar adecuadamente las obras de renovación del inmueble. Además, el dictamen criticó la rigidez burocrática y la confianza ciega en contratistas vinculados a las triadas, lo que facilitó la vulneración de las normativas de seguridad.
El comité, presidido por el juez David Lok, escuchó a 80 testigos en unas treinta audiencias para determinar las causas del siniestro. El informe atribuyó la tragedia a fallos humanos detectados durante la reforma del edificio, entre los que se incluyen:
- Mallas de andamio no ignífugas.
- Paneles de poliestireno combustible en las ventanas.
- Alarmas desactivadas.
- Suministro cortado a las mangueras contra incendios.
- Aberturas no autorizadas en las escaleras de emergencia.
El incendio comenzó el 26 de noviembre de 2025 por colillas mal apagadas que prendieron la red de seguridad de los pisos inferiores. Las llamas se propagaron por siete de los ocho bloques residenciales en un lapso de 85 minutos. Actualmente, siete técnicos y dos contratistas del proyecto de renovación afrontan 25 cargos por homicidio involuntario, conspiración para defraudar, blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia.
Reformas legales y vigilancia tecnológica
Para prevenir futuros incidentes, el Ejecutivo impulsará reformas destinadas a perseguir penalmente la colusión en las licitaciones de obras. La Ordenanza de Competencia criminalizará la manipulación de concursos públicos y privados, desde la consultoría hasta la ejecución de las obras, y endurecerá las penas por fijación fraudulenta de precios.
Las sanciones máximas alcanzarán los 10 años de prisión y multas de 10 millones de dólares hongkoneses (1,28 millones de dólares estadounidenses). Las empresas involucradas en el amaño de licitaciones podrían enfrentar multas equivalentes al triple de los beneficios ilícitos o al 50 % de sus operaciones globales. Además, estas prácticas se incorporarán a los delitos graves contemplados en la Ordenanza sobre Delincuencia Organizada y Delitos Graves.
Para ejecutar estas reformas, se creará un grupo de trabajo integrado por la Policía, la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) y la Comisión de Competencia. Este equipo ampliará las facultades de intervención policial y sustituirá el registro permanente de contratistas por licencias renovables cada cinco años, con posibilidad de suspensión por negligencia.
El nuevo sistema de vigilancia incorporará una base de datos interdepartamental, inteligencia artificial para clasificar denuncias de alto riesgo y robots con cámaras térmicas para detectar fumadores en andamios y paralizar obras inseguras.
Según recogió el medio Hong Kong Free Press (HKFP), el informe del comité critica que los funcionarios ignoraron las preocupaciones de los residentes sobre la empresa Prestige Construction & Engineering y la consultora Will Power Architects, identificadas como responsables de escatimar esfuerzos en la seguridad. El abogado principal del comité señaló, según recogió el mismo medio, que el Gobierno tiene la responsabilidad ineludible de desempeñar su función reguladora y proteger la vida de los residentes.
El Gobierno abrirá una investigación administrativa de tres meses sobre cuatro organismos: la Unidad de Verificación Independiente y los departamentos de Edificios, Bomberos y Trabajo. La Comisión de Servicio Público dispondrá de este plazo para plantear recomendaciones sobre posibles sanciones disciplinarias o administrativas dentro del sistema de rendición de cuentas de los responsables departamentales.
