El Senado de Chile aprobó este martes 20 de octubre un proyecto de ley diseñado para agilizar y dar mayor efectividad a las expulsiones administrativas de extranjeros. La normativa permite que la Policía de Investigaciones (PDI) solicite autorización judicial para ingresar a domicilios y detener a personas que cuenten con órdenes de expulsión vigentes.
Lo que debe saber
- La policía podrá solicitar autorización judicial para entrar a domicilios y detener a extranjeros con órdenes de expulsión.
- El magistrado deberá resolver el requerimiento de ingreso en un plazo de 24 horas.
- El plazo de prohibición de reingreso al país subirá de tres a cinco años en casos específicos.
- La ley permite la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular con procesos penales activos.
La iniciativa, que modifica la Ley de Migración y Extranjería, fue respaldada con 37 votos a favor y una abstención en la cámara alta. El objetivo principal es resolver las dificultades técnicas que han obstaculizado la ejecución de las resoluciones de expulsión, proporcionando mayor seguridad jurídica en el proceso.
De acuerdo con el proyecto, la PDI deberá solicitar a un juez de garantía la autorización para entrar a una vivienda donde se ubique el sujeto. El magistrado deberá resolver el requerimiento en 24 horas. Además, la iniciativa contempla mecanismos de expulsión inmediata en determinados procesos penales, siempre que exista autorización del tribunal competente.
Endurecimiento de sanciones y expulsiones inmediatas
La nueva legislación también contempla un aumento en las sanciones de permanencia. En casos específicos, el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país se elevará de tres a cinco años. Asimismo, la propuesta incorpora mecanismos que permiten la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que enfrenten determinados procesos penales, siempre que exista autorización del tribunal competente.
“Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente, para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa”, dijo José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, según recogió France 24.
“Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente, para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa”
— José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia
El ministro García Ruminot destacó que la comisión mixta acordó por unanimidad estas medidas para hacer más efectivas las expulsiones. Según el funcionario, el proyecto es trascendente para garantizar que las resoluciones administrativas se cumplan de manera real.
En la votación del Senado, la única persona que no apoyó la medida fue la senadora Claudia Pascual (PC), quien se abstuvo. El texto fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados y perfeccionado por una comisión mixta integrada por senadores y diputados, órgano temporal del Legislativo que introdujo modificaciones al proyecto original.
Contexto de la crisis migratoria en Chile
La aprobación de esta ley ocurre en un escenario donde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta que existen más de 330.000 extranjeros en situación irregular en el país. Actualmente, se estima que hay más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución, de las cuales aproximadamente la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
A pesar del anuncio en agosto pasado sobre el restablecimiento de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela, tras romperlas en 2024, y de la reunión en Naciones Unidas entre José Antonio Kast y la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, en septiembre, no ha habido reportes de avance en esta situación. En el Congreso se encuentra actualmente en debate un proyecto de ley, impulsado por el presidente José Antonio Kast, para tipificar la migración irregular como delito.
El presidente Kast, quien asumió el poder en marzo, propuso como bandera de campaña la expulsión de los migrantes en situación irregular, a quienes asocia con un aumento de la criminalidad. Sin embargo, sus resultados han sido limitados; en sus primeros seis meses de gobierno, apenas expulsó a unas 1.800 personas, en su mayoría de nacionalidades colombiana, peruana, ecuatoriana y boliviana.
El quiebre de las relaciones con Venezuela ha sido un obstáculo para la política migratoria del mandatario. Si bien Chile acordó normalizar las relaciones con ese país en julio, esto no se ha visto reflejado en la expulsión de ciudadanos de esa nacionalidad, dado que la mayoría de los indocumentados en Chile son venezolanos.
Las autoridades también podrán pedir a organismos públicos información de indocumentados para notificarles sobre sus órdenes de expulsión. La nueva ley busca dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa.
