Golpe de Opinión

Fiscalía acusa formalmente a sacerdote de Bogotá por presuntos delitos sexuales contra un niño de 6 años

El sacerdote Manuel Cely Silva enfrenta cargos por acceso carnal abusivo y actos sexuales contra un menor. El proceso judicial avanzará a juicio oral tras una investigación de la UENNA.

Hombre con gafas frente a estanterías con libros rojos y una cruz en la pared.
Interior de un monasterio en Bogotá, donde el sacerdote Manuel Cely Silva se desempeñaba como director y enfrenta cargos por delitos sexuales. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra el sacerdote Manuel Cely Silva por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra un niño de seis años en Bogotá.

El religioso, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como director de un monasterio y sacerdote de un colegio de la capital, enfrenta cargos por acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados por las circunstancias previstas en la ley.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), los presuntos hechos ocurrieron durante un año escolar, específicamente entre agosto de 2022 y agosto de 2023.

La hipótesis del ente acusador señala que el sacerdote aprovechó su cercanía con el entorno educativo y religioso para llevar al estudiante, en repetidas ocasiones, hacia zonas privadas del monasterio, donde presuntamente se habrían presentado las conductas sexuales contra el menor.

El proceso judicial contra Cely Silva ha enfrentado diversos obstáculos administrativos y procesales antes de llegar a esta etapa de acusación. Según reportó el medio Vanguardia, el expediente ha tenido tres cambios de fiscal durante la investigación, lo que incidió en el desarrollo de las actuaciones. Además, el proceso se vio paralizado debido a una solicitud de nulidad de la imputación presentada por uno de los fiscales que asumió el caso. A pesar de estas demoras, el sacerdote ya había sido imputado por los mismos delitos en diciembre de 2024, aunque en ese momento no aceptó los cargos.

Con la nueva acusación formal, la Fiscalía incorporó elementos de prueba adicionales que serán objeto de debate en el juicio oral, cuya fecha de inicio será determinada por el juez de conocimiento.

La investigación también ha tenido repercusiones para la institución educativa donde se vinculaba el religioso. Según informó el medio Publimetro, el Colegio San Carlos fue identificado como la institución donde estudiaba la víctima. Por este motivo, la Secretaría de Educación de Bogotá tomó medidas disciplinarias contra el establecimiento.

La Secretaría de Educación sancionó en primera instancia al colegio mediante la Resolución 093 del 21 de julio de 2026, imponiéndole una amonestación pública. Esta medida se derivó de presuntas irregularidades en la aplicación de los protocolos de atención frente a situaciones de posible violencia sexual. La entidad cuestionó que la institución no demostrara adecuadamente la activación de mecanismos de protección tras conocer las alertas relacionadas con el estudiante. La familia del menor calificó como negligente la respuesta de las directivas del colegio ante sus preocupaciones iniciales.

La resolución 093 del 21 de julio de 2026 establece la amonestación pública como la primera instancia de sanción administrativa contra el Colegio San Carlos por las deficiencias en el protocolo de atención.

La Fiscalía General de la Nación busca establecer la responsabilidad penal del sacerdote frente a los hechos denunciados. Hasta que exista una decisión judicial definitiva, se mantiene la presunción de inocencia del acusado. El proceso judicial continuará con la incorporación de nuevos elementos de prueba que serán debatidos en la etapa de juicio oral.

  • Delitos imputados: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años (ambos agravados).
  • Periodo de los hechos: Agosto de 2022 a agosto de 2023.
  • Sanción al colegio: Amonestación pública mediante Resolución 093 del 21 de julio de 2026.
  • Unidad investigadora: Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA).

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