El Gobierno de Colombia presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una propuesta para ajustar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016. El objetivo es focalizar las acciones en los componentes de reincorporación y garantías de seguridad, mientras la Reforma Rural Integral se integra como una política pública estructural del Estado.
Durante su primera intervención en este organismo internacional, el canciller Omar Bula sostuvo que la seguridad es una condición indispensable para alcanzar una paz duradera en el país. El jefe de la cartera de exteriores argumentó que la administración del presidente Abelardo De La Espriella tiene el derecho de examinar con rigor los resultados de la implementación del acuerdo firmado con las FARC-EP hace una década.
Bula señaló que el actual gobierno recibió un escenario de seguridad deteriorado, caracterizado por el crecimiento de estructuras criminales y el fortalecimiento de economías ilícitas. Según el canciller, estas condiciones han facilitado la expansión territorial de grupos armados ilegales y el incremento del reclutamiento de menores de edad. El ministro enfatizó que el Gobierno tiene la responsabilidad de enfrentar los desafíos que persisten en el territorio.
Para sustentar su postura, el diplomático presentó estadísticas que reflejan un aumento del 300% en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los últimos cinco años, dato que ha sido verificado por Naciones Unidas. Estas cifras forman parte de un diagnóstico sobre el debilitamiento de la seguridad en el territorio colombiano. De acuerdo con la información suministrada por el canciller ante el Consejo de Seguridad, el balance de criminalidad entre julio de 2016 y agosto de 2026 incluye los siguientes datos:
- 132.930 homicidios registrados.
- Cerca de 100.000 casos de extorsión.
- Más de 2.750 secuestros.
- Un incremento en los integrantes de grupos armados ilegales, pasando de aproximadamente 6.000 a casi 30.000.
En cuanto a la producción de drogas, el canciller indicó que en 2023 se registraron cerca de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, con una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína.
Estas cifras fueron utilizadas por el ministro para argumentar que la paz prometida en 2016 no se ha materializado plenamente para la población trabajadora.
Bula destacó que el Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella fue elegido con la votación más alta en la historia de Colombia, en medio de un descontento generalizado y verificable frente a una paz que, para las personas trabajadoras y honestas, nunca existió, dijo a las Naciones Unidas.
Esta afirmación subraya la base política sobre la cual la actual administración busca redefinir las prioridades de seguridad nacional.
El canciller explicó que la actual administración ha implementado una nueva orientación en materia de seguridad. Esta estrategia busca recuperar el control territorial, proteger a las comunidades, combatir el crimen organizado transnacional y debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales. Según Bula, las acciones de la Fuerza Pública y las instituciones del Estado han generado resultados operacionales en los primeros meses de gestión.
Respecto a la cooperación internacional, el ministro ratificó que Colombia mantendrá su compromiso con el mandato de la Misión de Verificación y con las obligaciones derivadas del Acuerdo Final. No obstante, la propuesta de focalización del mandato será sometida a consideración dentro de los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas, respetando las competencias del Consejo de Seguridad.
Bula subrayó la necesidad de evaluar con objetividad los resultados del acuerdo y fortalecer una estrategia que garantice seguridad efectiva para todos los ciudadanos. Durante su discurso, agradeció el acompañamiento de la comunidad internacional y de las organizaciones que han contribuido a la reparación de las víctimas y al fortalecimiento de los territorios afectados por la violencia.
El canciller concluyó su intervención reafirmando que el país seguirá trabajando con la comunidad internacional para construir una paz sostenible. Para el Gobierno, esta paz debe basarse en la seguridad, la justicia, la presencia efectiva del Estado y la protección de los ciudadanos.
Bula enfatizó que la paz debe reflejarse en la vida cotidiana de los colombianos: cuando las familias viven sin miedo, los campesinos trabajan en libertad y ninguna organización ilegal sustituye la autoridad legítima de la República. Dijo a las Naciones Unidas que esa es la paz que Colombia está decidida a construir.
La propuesta de focalización busca que la Misión de Verificación se concentre en los componentes de reincorporación y garantías de seguridad, ya que la Reforma Rural Integral es una política pública estructural que debe integrarse de manera permanente a la institucionalidad del Estado colombiano. El Gobierno sostiene que esta medida permite una gestión más eficiente de los recursos y esfuerzos internacionales en los puntos críticos del acuerdo. El canciller reiteró que Colombia seguirá cumpliendo los compromisos asumidos por el Estado frente al Acuerdo de Paz, pero insistió en la urgencia de una estrategia que garantice seguridad efectiva.“,
